Addis Abeba, 26 ago (RHC) La criminalidad del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) desde finales de junio hasta hoy afecta a más de 4,5 millones de civiles, denunció la ministra de Paz de Etiopía, Muferihat Kamil.
El daño supera esa fatídica cifra o esta otra: en los últimos dos meses más de 500 mil ciudadanos de los estados Amhara y Afar abandonaron sus hogares por los ataques de ese grupo, comentó Kamil en conferencia de prensa.
Masacró brutalmente a más de 200 civiles en Afar, incluidos niños, mujeres y ancianos, mató a muchos inocentes en varias partes de Amhara, y además sacrificó reses y destrozó propiedades públicas y privadas en ambas regiones, incluidas instituciones médicas, añadió.
Actualmente, aseguró, hay más de 1,2 millones de refugiados en campamentos de Amhara, que huyeron de las atrocidades perpetradas por el TPLF después del alto al fuego unilateral decretado por el gobierno el pasado 28 de junio.
Queríamos crear un entorno pacífico para labores agrícolas y operaciones humanitarias en el norte del país, pero el Frente libró una guerra contra civiles y bloqueó la asistencia dejando a millones de etíopes vulnerables, afirmó.
No obstante, dijo, desde que abrió una nueva guerra contra la población civil y la nación en general, 321 camiones cargados con productos de primera necesidad han llegado a la región de Tigray, mientras 112 camiones adicionales están en tránsito.
De las 60 woredas (distritos) en las que está dividida la región de Tigray, el gobierno ha accedido a 47 con fertilizantes, semillas, equipos técnicos y otros suministros, explicó.
El apoyo humanitario a los desplazados lo brinda sobre todo el gobierno federal, subrayó, y solicitó colaboración a las organizaciones internacionales para afrontar la situación en ese septentrional estado regional.
En noviembre de 2020, el Frente atacó al ejército federal en Tigray y el primer ministro Abiy Ahmed respondió con una ofensiva militar para neutralizarlo y restablecer la legalidad en la demarcación.
Desde entonces comenzaron procesos judiciales contra líderes del grupo, declarado terrorista por el Parlamento y presunto responsable de violaciones de los derechos humanos.
A finales de junio último, las autoridades locales decretaron un armisticio para facilitar las labores agrícolas durante la temporada de lluvia y garantizar la asistencia humanitaria, pero el TPLF lo rechazó e incrementó sus operaciones contra civiles, según varias acusaciones oficiales.
(PL)
