Addis Abeba, 20 sep (RHC) Desde noviembre de 2020, Etiopía despierta casi siempre entre saltos de angustias por la actividad criminal del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) en la región norte y hoy no es una excepción.
La triste notoriedad mediática de la organización continúa este lunes, cuando trasciende la preocupación de la Comisión de Derechos Humanos del país (CEDH), acerca de la situación de la población civil en Kobo, ciudad ubicada en la región de Amhara.
Una declaración manifiesta la alarma de la CEDH (siglas en inglés), debido a los recientes informes que recibió de varios ataques perpetrados por el Frente contra los habitantes e instituciones de esa demarcación y los asentamientos rurales contiguos.
Según la Comisión, 'las agresiones incluyen bombardeos, registros de hogares, asesinatos, saqueos y destrucción de infraestructuras', y son similares a las masacres realizadas en otros lugares de Amhara (Maikadra, Agamsa y Cheena) y en Galikoma, de la región de Afar.
No obstante, apunta que 'según varias fuentes, muchas organizaciones internacionales y medios de comunicación no realizan los esfuerzos necesarios para exponer estas atrocidades y condenar a los autores materiales e intelectuales', identificados como seguidores o integrantes del TPLF (siglas en inglés).
Este fin de semana fue revelado un documento que detalla planes del grupo para subvertir el orden constitucional y destruir al gobierno etíope, al unísono prácticamente de una carta abierta del primer ministro Abiy Ahmed, al presidente norteamericano, Joe Biden.
Ahmed acusó a la comunidad internacional, y a la administración de Estados Unidos de manera directa, de no adoptar una posición firme contra las atrocidades de TPLF, declarado grupo terrorista por el Parlamento.
A principios de noviembre pasado, el Frente atacó al ejército federal en Tigray a lo que el gobierno respondió con una ofensiva militar para neutralizarlo y restablecer la legalidad en la demarcación.
Desde entonces comenzaron procesos judiciales contra varios líderes del grupo, mientras otros permanecen prófugos, acusados de violar los derechos humanos antes y después de la agresión.
Para facilitar las labores agrícolas y garantizar la asistencia humanitaria, el gobierno decretó un armisticio a finales de junio, pero la organización lo rechazó.
Hasta ahora el TPLF ha provocado el desplazamiento de más de 700 mil ciudadanos en Afar y Amhara, aunque alrededor de cinco millones de etíopes sufren afectaciones, de acuerdo con varios informes oficiales.
Sobre la organización, considerada una amenaza para la seguridad de Etiopía y la estabilidad del denominado Cuerno Africano, también pesan acusaciones de obstaculizar la gestión humanitaria gubernamental y financiar operaciones en otras partes del territorio nacional para desestabilizar al país.
(PL)
