El 20 de diciembre de 1989, EE.UU. impuso en Panamá la ley de las bombas y
este fue el resultado. Foto tomada de Sin Permiso
La Habana, 20 dic (RHC) El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo admitió este martes que el Estado tiene una deuda con las víctimas de la invasión militar de Estados Unidos que hace 33 años sembró caos y muerte en el istmo.
En los actos protocolares en tributo a las víctimas del 20 de diciembre de 1989, decretado Día de Duelo Nacional en marzo pasado, el mandatario aseveró que, a partir de ahora, las presentes y futuras generaciones comprenderán el significado de aquel día, en que se construyó una página dolorosa en la historia de la nación.
Cortizo catalogó aquellos sucesos como trágicos, y aseveró que ensombrecieron la patria.
La jornada comenzó más temprano con manifestaciones de organizaciones sociales que marcharon en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en la capital, para denunciar su política belicista y la injerencia en los asuntos internos del país canalero, política que se mantiene.
En diálogo con la prensa, el secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez, rechazó el crimen cometido contra civiles en populosas barriadas cuando Washington como mismo hace en otras naciones del mundo, en Panamá impuso su voluntad con la ley de las bombas.
El alto número de hogares y edificaciones destruidas por la invasión da muestras de que las tropas del Pentágono no hicieron el menor esfuerzo por limitarse a blancos militares, y evitar daños a las vidas y bienes de la población civil panameña.
Para activistas sociales, la invasión no ha tenido la necesaria condena internacional, pese a un informe en 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que juzgó a Washington por las violaciones perpetradas e instó a su gobierno a indemnizar a las víctimas. (Fuente: PL)
