En los primeros seis meses de este año se registraron casi 300 secuestros de
mujeres y niños, perpetrados por grupos armados con fines económicos o tácticos.

Puerto Príncipe, 7 ago (RHC) El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió este lunes que hasta julio los casos de secuestros de mujeres y niños se triplicaron en Haití con respecto a 2021, e igualaron la cifra de 2022.

La organización señaló que la mayoría de los raptos se produjo por motivos económicos o estratégicos y criticó que se trate a las personas como mercancías o monedas de cambio.

Según datos de Unicef, en los primeros seis meses de este año se registraron casi 300 secuestros de mujeres y niños, perpetrados por grupos armados con fines económicos o tácticos.

“Las víctimas que consiguen regresar a casa se enfrentan a profundas cicatrices físicas y psicológicas, posiblemente durante muchos años”, lamentó la instancia.

El director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Gary Conille, insistió en que las mujeres y niños no son mercancías, no son moneda de cambio y nunca deben verse expuestos a ese tipo de violencia inconcebible.

“La creciente tendencia de secuestros y raptos es extremadamente preocupante, y amenaza tanto al pueblo de Haití como a quienes han venido a ayudar”, alertó.

Además, el organismo mundial calificó de catastrófica la situación que vive el país caribeño con unos 5,2 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria, de ellas tres millones de niños, mientras que el sistema sanitario se encuentra al borde del colapso y las escuelas siguen siendo atacadas.

Unicef también denunció el aumento de la violencia, saqueos, bloqueos de carreteras y la generalizada presencia de grupos armados que, además, obstaculizan las labores humanitarias y la entrega de ayuda a las comunidades afectadas.

La semana pasada el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos denunció que 83 personas fueron secuestradas en julio y relacionó el recrudecimiento de esos casos con una respuesta a las sanciones impuestas a políticos y empresarios acusados de apoyar las actividades criminales de los grupos armados.