Foto: Prensa Latina.

Quito, 19 ene (RHC) El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Vela, informó este viernes al presidente Daniel Noboa y al Consejo de Seguridad las acciones realizadas para enfrentar la delincuencia en el marco del conflicto armado interno.

Al concluir la reunión, efectuada este viernes en la ciudad de Guayaquil con carácter reservado, el almirante Vela detalló que la fuerza pública ha intervenido 10 cárceles, con controles exhaustivos de municiones, armas, explosivos y sustancias sujetas a fiscalización.

Afirmó que el Ejército y la Policía Nacional resguardan carreteras, espacios acuáticos, fronteras y aeropuertos.

Sin embargo, el funcionario no dio detalles de la deportación desde Argentina de los familiares de Adolfo Macías (Fito), cabecilla de la banda Los Choneros que se fugó de una cárcel en Guayaquil el pasado 7 enero.

En la mañana de hoy, un grupo de parientes suyos arribó a la ciudad costera luego de que las autoridades del país austral las hallaran en un operativo realizado la víspera en Córdoba.

Según declaró la ministra de Gobierno de Ecuador, Mónica Palencia, al diario El Universo, los procesos de investigación del caso están a cargo de la Fiscalía General del Estado.

“De lo que yo conozco, ella (la esposa de Macías) no tiene estado de detención. Fue expulsada de Argentina por un tema migratorio. No conozco más, entiendo que no tendría ningún problema con la justicia ecuatoriana”, indicó Palencia.

Por otro lado, en un comunicado, el gobierno señaló que dos mil 369 personas están detenidas como resultado de los operativos a nivel nacional, de ella 158 serán procesadas por presunto terrorismo.

El Ejecutivo precisó también que ejecutaron 72 acciones contra los grupos narcodelictivos, identificados ahora como elementos no estatales beligerantes.

Desde hace 10 días rige en esta nación sudamericana un estado de excepción y un conflicto armado interno, medidas con las cuales el presidente Noboa declaró la guerra a las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico.

Paralelamente, crecen denuncias en redes sociales de presuntas violaciones a los derechos de los detenidos, en su mayoría jóvenes de clases bajas. (Fuente: Prensa Latina).