Ciudad de Panamá, 21 jul (RHC) A propuesta del presidente de la República, José Raúl Mulino, Panamá avanza hoy hacia un proceso constituyente que implicaría profundas reformas al Estado.

Para ese fin, el mandatario designó al abogado y catedrático Miguel Antonio Bernal, quien aseguró al diario La Prensa que dicha reestructuración y modernización del Estado implica una “reducción del gobierno”, es decir, de un sinnúmero de cargos que representan “exceso de burocratización” para un país demográfica y geográficamente tan pequeño.

En un conversatorio con comunicadores la pasada semana el propio Mulino indicó que el próximo mandatario en 2029 va a encontrar un gobierno más articulado que funcionará mucho mejor que el que tiene ahora mismo en sus manos.

“En este país se va a dar una nueva Constitución , como corresponde, y todos van a estar educados en el tema constitucional, y todos tendrán la oportunidad de opinar en materia de propuestas y reformas”, señaló entonces.

El actual gabinete lo conforman 16 ministerios -dos más de los que había en 2019-; la Asamblea Nacional tiene 71 diputados y existen 81 alcaldías y 701 corregimientos.

En ese sentido, Bernal adelantó que comenzarán un proceso hacia una asamblea constituyente originaria, lo cual implica la plena participación ciudadana sin exclusión de ningún sector.

De acuerdo con el jurista, el siguiente paso sería la conformación de la comisión por parte del presidente de la República, con el aval del Consejo de Gabinete, para luego entrar en todo un proceso de planificación para hacer las cosas de la manera más científica.

Ante la interrogante de qué implica la reestructuración del Gobierno, el catedrático sostuvo que, en las circunstancias actuales de una “abultadísima corrupción” que se ha estado encontrando en todas las instituciones públicas, sería empezar por ver cómo se le puede poner una serie de obstáculos a la misma.

Bernal remarcó que lo primero que hay que hacer antes de ejecutar cualquier cambio es informar debidamente a la población, para que haya la transparencia que corresponde para este tipo de tareas.

La Constitución panameña, redactada en plena dictadura militar y vigente desde 1972, ha sido reformada en cinco ocasiones, la última en 2004.

La vía de la Asamblea Constituyente Paralela, la opción más aplaudida por muchos analistas, convocaría la elección de los 60 constituyentes que integran la Asamblea, que funcionará de manera paralela al Parlamento.

Según versiones periodísticas, en 2019, la administración del expresidente Laurentino Cortizo (2019 – 2024) envió al Legislativo una propuesta para reformar la constitucional redactada por la Concertación Nacional, el ente civil creado en 2008 y que agrupaba a 23 sectores del país.

El Parlamento panameño avanzó en ese proyecto de reformas hasta última instancia, pero hizo varios cambios, lo que provocó cuestionamientos y protestas populares.

En ese entonces, el expresidente retiró el proyecto del hemiciclo, y propuso abrir una nueva y más amplia consulta nacional sobre el tema con la facilitación de Naciones Unidas.

En 2021, tras la Covid-19, que paralizó el proceso, un movimiento cívico comenzó a recoger firmas para convocar una Asamblea Constituyente en Panamá, pero quedó frustrada al recolectar apenas el 3,0 por ciento de las rúbricas estipuladas en la ley para impulsar dicha iniciativa.