En Ecuador, siete provincias, se encuentran bajo estado de excepción y rige desde enero la declaratoria de conflicto armado interno.
(Foto: El Comercio)
Quito, 1 ago (RHC) El Gobierno de Ecuador evaluó este jueves la situación de seguridad y concluyó que el mes de julio fue el menos violento de este año con una reducción de 27 por ciento de las muertes violentas a nivel nacional.
En una reunión liderada por el presidente Daniel Noboa desde la ciudad de Durán, en la provincia costera de Guayas, la ministra del Interior Mónica Palencia (en la foto), precisó que ese descenso de los homicidios, comparado con igual mes de 2023, se traduce en 210 asesinatos menos.
Ni la ministra ni otras autoridades presentes ofrecieron declaraciones sobre recientes hechos violentos ocurridos en Durán, donde este miércoles se registró una masacre que costó la vida de seis personas, pese a la intervención militar, policial y social en ese territorio desde el 17 de julio.
La titular del Interior reconoció que la situación de violencia en Ecuador es cíclica y destacó que en los primeros siete meses del año hubo una reducción de 17 por ciento de los asesinatos.
La Policía Nacional anunció que la denominada Operación Gran Fénix 36 condujo a la captura de 21 personas vinculadas con una de las redes de tráfico de drogas que operaba en varias provincias.
El general Willian Villarroel, jefe nacional Antinarcóticos de la Policía, detalló que la droga llegaba por la frontera en camiones y era almacenada en centros de acopio para luego ser exportada a través de lanchas rápidas y avionetas hacia Estados Unidos y Europa.
Pese a los datos que el Ejecutivo divulga, persisten los hechos delictivos y los reclamos para adoptar medidas urgentes e integrales para poner freno a la crisis.
En Ecuador, siete provincias, incluida Guayas, se encuentran bajo estado de excepción y, además, rige desde enero la declaratoria de conflicto armado interno, una disposición con la cual el presidente Noboa busca frenar la inseguridad y el crimen organizado.
Mientras, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó este lunes el trámite de juicio político contra Palencia, debido a la persistente inseguridad en el país.
La legisladora del movimiento Revolución Ciudadana Paola Cabezas presentó la nueva solicitud para enjuiciar a la funcionaria, que ya enfrenta un pedido de juicio en el Parlamento por incumplimiento de funciones en el asalto a la embajada de México en Quito, el pasado 5 de abril.
Cabezas considera que no existe el mencionado Plan Fénix del Gobierno de Daniel Noboa, “y si existe, nadie lo lidera de forma eficaz”, denunció la asambleísta.
