Bogotá, 15 feb (RHC) Dirigentes sindicales confirmaron que los trabajadores de Colombia realizarán una huelga de 24 horas, el 17 de marzo venidero, para protestar por el despido de obreros, la venta a una firma extranjera de la mayoría de las acciones pertenecientes a la hidroeléctrica estatal Isagén y el anuncio de una reforma tributaria.

Adelantó el presidente de la Confederación General del Trabajo, Julio Roberto Gómez, que la jornada incluirá marchas y otras demostraciones en diferentes zonas del país, además del cese de labores en algunos sectores.

El dirigente sindical también precisó que las protestas estarán respaldadas por otras centrales obreras, camioneros, estudiantes, organizaciones sociales y agrarias, así como pensionados, quienes denunciarán incumplimientos con la asistencia sanitaria para ese grupo.

Asimismo anunció que los participantes en la huelga de marzo condenarán el despido de obreros por autoridades territoriales y fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las pretensiones de privatizar entidades públicas en Bogotá, como la empresa telefónica ETB.

Mientras la Red de Veedurías del Caribe solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantener las medidas cautelares a favor de niños de La Guajira, en el norte colombiano, castigados por la sed y la desnutrición.

Según esa organización de veeduría para la zona caribeña, el Estado debe evitar que la niñez wayú siga muriendo por esos flagelos con medidas efectivas, precisó el diario El Heraldo.

Durante un recorrido por varias zonas del departamento de La Guajira encontramos pequeños en estado de desnutrición, muchos de los cuales no fueron incluidos en los programas del Instituto de Bienestar Familiar, afirmó Luis Eduardo de la Hoz, director de dicha red, citado por el rotativo.

La semana previa el Gobierno pidió a la CIDH retirar tales medidas cautelares al tiempo que expuso recientes acciones ejecutadas en ese sitio para beneficiar a los indígenas, particularmente a la infancia wayú, la más azotada por la acentuada sequía, la ausencia de sistemas de acueducto y la carencia de alimentos.

En respuesta el líder comunitario Javier Rojas pidió transformaciones de fondo para proteger a ese pueblo originario, el cual constituye más del 40 por ciento de los habitantes de la desértica Guajira.

Los niños continúan falleciendo, me parece un acto de crueldad la indolencia del Estado por la situación de nuestra infancia, denunció.

Según el activista son unos cuatro mil 470 menores los que han perdido la vida durante los últimos ocho años en esa demarcación.

Pedimos que se abran las compuertas que restringen el paso del río Ranchería por su caudal natural, insistió Rojas en declaraciones a El Heraldo.

En días pasados fueron inaugurados varios pozos para favorecer a los integrantes de esa etnia, solución que es vista apenas como un paliativo menor dentro de una zona que precisa cambios estructurales, opinan conocedores.

Como resultado de la expansión de los programas mineros, esos hombres y mujeres perdieron valiosas hectáreas de tierra cultivable y el acceso al río Ranchería, imprescindible para el consumo del líquido y la agricultura.