Buenos Aires, 19 feb (RHC) El gobierno de Argentina suspendió la firma de un acuerdo salarial con los gremios nacionales de docentes, al que se había comprometido el Ministerio de Educación de ese país la semana pasada.

Ante esa situación, advirtieron dirigentes de los cinco sindicatos argentinos de profesores que puede sobrevenir una huelga que haga peligrar el inicio del curso escolar el próximo 29 de febrero, y criticaron la decisión del presidente Mauricio Macri de alterar lo pactado con la dependencia educativa.

El convenio negociado entre delegados de los gremios docentes y el ministro argentino de Educación, Esteban Bullrich, establecía un aumento salarial de 40 por ciento a maestros y profesores para que ellos pudieran afrontar la crisis inflacionaria por la cual atraviesa la nación sudamericana.

En declaraciones al Canal tres local, manifestó Macri que las negociaciones salariales con los educadores deben estar de 25 por ciento para abajo, y que solo así el gobierno cerraría el arreglo y otorgaría los fondos específicos.

El presidente argentino, Mauricio Macri, anunció también la quita del impuesto a las ganancias sobre salarios de hasta 30 mil pesos (1.974 dólares) que en la práctica favorecerá solo al 6,14 por ciento de la masa trabajadora.

De ahí, que la medida presentada en la Casa Rosada con gran difusión mediática tenga en realidad más golpe de efecto que beneficio masivo, en momentos en que el Gobierno se ve presionado por galopante inflación y los efectos del ajuste económico que emprendió en diciembre.

De forma general, hasta ahora los trabajadores cuyos sueldos llegan a 20 mil pesos (1.315 dólares) no pagan ese tributo, por lo que dejarán de hacerlo ahora los que están en el rango de esa cifra a 30 mil pesos (1.974) según la nueva disposición.

En esa alta escala hay 580 mil asalariados acorde con informaciones que brindó recientemente Ricardo Echegaray, extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el ente fiscal del Estado.

Si la AFIP tiene registrado nueve millones 442 mil 390 trabajadores, esos 580 mil representan entonces solo el 6,14 por ciento de los asalariados del país.

Hasta agosto de 2015, no eran alcanzados por ese impuesto los que ganaban hasta 15 mil pesos (987 dólares), pero el anterior gobierno de Cristina Fernández modificó en septiembre de ese año la regulación para abarcar hasta los sueldos de 20 mil.

La agencia informativa de la Central de Trabajadores de Argentina, precisó que en ese momento el universo de trabajadores que no estaba alcanzado por el impuesto se incrementó a un 89,8 por ciento (8.382.390 personas), porcentaje que se elevó al 99,3 por ciento para jubilados (5.975.623 pensionados).

Durante la campaña electoral, tanto Macri como su rival por el Frente para la Victoria (FpV), Daniel Scioli, prometieron eliminar el tributo a las ganancias sobre los salarios, pero sin especificar cuánto ni cómo sería.

La medida es exigida por los sindicatos más ricos del país que afilian a los trabajadores con mayores retribuciones. Hay otro grupo de 480 mil asalariados que cobran de 30 mil a 40 mil pesos (de 1.974 a 2.631 dólares) que quedan fuera de la iniciativa anunciada este jueves.

Entre esos gremios están los que integran el segmento Azopardo de la dividida Confederación de Trabajadores de Argentina que dirige Hugo Moyano, un acomodado sindicalista que hizo campaña por Macri y estuvo en primera fila en la Casa Rosada para escuchar al Presidente.

El titular de la CGT Azopardo y también presidente del club de fútbol Independiente elogió la medida como "un avance", pero dijo que faltan más temas por abordar. "Muchos creían que iba a ser más amplio", señaló en alusión al anuncio.

El mandatario dijo que enviará la recomendación a la aprobación del Congreso que inicia la nueva Legislatura en marzo donde encontrará contrapropuestas sobre este particular según anticipan bloques opositores.

La bancada del FpV que dirige Héctor Recalde adelantó que presentará por su parte un proyecto sobre eliminación del impuesto a la ganancia que eleva la barrilla a los cobran hasta 37 mil pesos (2.466 dólares).

También la Policía Federal Argentina impidió que las Madres de Plaza de Mayo montaran su pequeña carpa como tradicionalmente vienen haciendo cada jueves de semana, denunció la organización a través de Twitter.

La acción policial coincide con la divulgación del nuevo protocolo de represión por parte del Gobierno, acuerdo al que llegó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en reunión anoche en Bariloche con sus pares de las provincias.

Acorde con la denuncia hecha por Twitter, la Policía Federal impidió por tercera vez este año el ingreso de la camioneta oficial de Madres de Plaza de Mayo previo a su histórica ronda del jueves que realizan desde la época de la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

De todas formas, las Madres anticiparon que "aunque no las dejen entrar", la marcha prevista para esta tarde se hará "sí o sí".

Con el nuevo protocolo de seguridad el Gobierno pretende contener las protestas públicas, en especial, prohibir e impedir los piquetes y cortes de vías, e incluso programar las manifestaciones para lo que en adelante habrá que informar y pedir permiso.

La ministra apuntó que en los próximos días les avisarán a las organizaciones sociales que no podrán cortar las calles y que "deberán hacerlo de manera ordenada cuando sea programada", dijo y recalcó: "Cuando sea espontánea, procederemos casi inmediatamente".

Añadió que los desalojos de manifestantes lo decidirán las fuerzas de seguridad, sin contar con una orden judicial.

"Les daremos cinco o 10 minutos. Se les pedirá por favor que se retiren por las buenas y que hagan la manifestación en otro lado. Si no se van, los sacamos", amenazó Bullrich en declaraciones a Radio Red.

En los casos de las protestas que no sean avisadas con antelación, "las fuerzas de seguridad podrán actuar de manera inmediata", sin la intervención de la Justicia, reafirmó.

Anticipó, además, que no se permitirá el uso de capuchas, palos o elementos contundentes entre los manifestantes. "Si hay una negativa para entregarlos, se les va a detener", amenazó.

En cuanto al nuevo protocolo difundido por el Ministerio de Seguridad, la funcionaria dijo que busca establecer "reglas claras para los funcionarios, los jueces y los manifestantes".

Bullrich se refirió a la jornada de ayer, en la que se registraron unos 200 cortes de vías en todo el país en reclamo de la liberación de la diputada al Parlasur y líder de la agrupación social Tupac Amarú Milagro Sala.

Dijo que la capital fue un caos pues los manifestantes cortaron las vías de acceso a la ciudad. "A partir de ahora, sabrán a qué atenerse en caso de hacer lo que hicieron ayer", advirtió.