Brasilia, 21 mar (RHC) La Comisión Especial de la Cámara de Diputados de Brasil, encargada de evaluar la solicitud de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, efectuó su segunda reunión, ante la urgencia de la oposición de continuar con las acciones para sacar del poder a la primera mandataria.

Aunque los lunes ese grupo legislativo no trabaja, los opositores decidieron adelantar el proceso porque la jefa de Estado brasileña y su gobierno tienen 10 sesiones para manifestar su defensa y entre más rápido avance la comisión, menos tiempo tendrán para prepararla.

En tanto, a través de un documento, rechaza el gobernador del estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, la estrategia para destituir a la presidenta brasileña, y precisa que para iniciar un proceso de ese tipo debe haberse configurado un crimen de responsabilidad, el cual no existe.

Desde 2015, el Congreso y la derecha de Brasil pusieron en marcha un plan para difamar el gobierno de Dilma Rousseff y desprestigiar los logros alcanzados por ese Ejecutivo en beneficio del pueblo, mediante intentos de enjuiciar a la jefa de Estado por el caso de corrupción en la empresa estatal Petrobrás.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, abogó por la defensa de la democracia y la paz en Latinoamérica y defendió el derecho de los pueblos a gobernarse sin la intervención de entes extranjeros.

En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, en esta capital, el mandatario denunció las intenciones de potencias, como Estados Unidos, de dominar a otros países para robar y saquear sus recursos naturales.

Con su poderío militar y su soberbia invaden a cualquier nación, instalan bases, financian enfrentamientos armados y actos terroristas, todo eso para adueñarse de las riquezas de otros Estados, señaló.

Ante ese tipo de acciones injerencistas, consideró necesario "defender la democracia y la soberanía política y económica de los pueblos de la región, para lo cual es imprescindible la unidad, la lucha y la conciencia de sus ciudadanos".

América Latina y el Caribe tienen una profunda convicción y aspiración a la libertad. No nos someteremos a ningún condicionamiento, ni nos dejaremos chantajear, aseveró.

También reiteró su llamado a una reunión urgente de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para impedir mayores agresiones de la derecha en Brasil y Venezuela.

Según precisó, continúan las consultas para la realización del evento, el cual, dijo, permitirá "expresar nuestra solidaridad, defender la paz y a todos los trabajadores".

Tres apelaciones a favor de suspender la medida cautelar que impide la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como ministro se encuentran en manos del presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Ricardo Lewandowski.

Dos de los recursos fueron presentados este fin de semana por los abogados defensores de Lula y el último de ellos fue avalado, además, por seis renombrados juristas, quienes coinciden en reclamar que se anule la decisión del ministro del STF Gilmar Mendes.

El viernes último, Mendes ordenó la suspensión cautelar del nombramiento como nuevo ministro-jefe de la Casa Civil del expresidente y resolvió, además, privarle del fuero privilegiado asociado a ese cargo y devolver el proceso de investigaciones que se le sigue al juez de Curitiba, Sergio Moro, quien conduce la operación Lava Jato.

La sentencia, según Mendes, fue tomada por la presunción de que el nombramiento de Lula se realizó con el único fin de impedir el posible arresto del mismo por parte de Moro, quien el 4 de marzo pasado ordenó llevarlo por la fuerza a declarar ante la policía Federal.

En los dos requerimientos, la defensa considera que Mendes se excedió en sus competencias al tomar una decisión sobre la jurisdicción del proceso abierto en contra del ex mandatario, que ya había pasado a la jurisdicción de la Suprema Corte al ser designado para ocupar un cargo en el Ejecutivo.

El fallo dictado por el magistrado con carácter cautelar deberá ser refrendado o revocado por el pleno del STF, que solo volverá a reunirse a fines de este mes.

También la Abogacía General de la Unión (AGU) pidió a la Corte Suprema la concesión excepcional de una medida cautelar suspendiendo todos los procesos y decisiones judiciales relacionadas con las acciones en trámite contra la designación de Lula al frente de la Casa Civil.

El recurso de la AGU fue protocolado la víspera, cuando medios de prensa aquí revelaron que la medida cautelar contra el ex presidente aceptada por Mendes y presentada por dos partidos de oposición, el Popular Socialista (PPS) y el de la Social Democracia Brasileña (PSDB), fue hecha por una funcionaria vinculada al magistrado.

Según el sitio web del periodista Paulo Henrique Amorim, la autora del requerimiento fue la abogada Marilda de Paula Silveira, quien es profesora y coordinadora de postgrados del Instituto de Derecho Público de Brasilia, del cual el ministro del STF es también catedrático.

Este domingo, el diputado federal del Partido de los Trabajadores (PT) por Río de Janeiro Wadih Damous anunció por su parte que iniciará a título personal un proceso de impeachment contra Mendes, porque sus actitudes "deshonran la toga todos los días".