Bogotá, 24 may (RHC) La coalición Cumbre Agraria convocó a los campesinos de Colombia a un paro indefinido desde el próximo 30 de mayo para rechazar las políticas económicas y exigir mejoras en el campo.
A través de un llamamiento, precisa ese bloque que el objetivo de la huelga es condenar las prácticas mineras que ponen en riesgo los recursos naturales del país, la soberanía nacional y la supervivencia de comunidades rurales.
Asimismo, refieren los coordinadores del paro que los manifestantes solicitarán al gobierno colombiano que cumpla los acuerdos pactados en años previos con cosecheros e indígenas; expresarán su preocupación por las rúbricas de los Tratados de Libre Comercio con varias naciones, y criticarán la venta a multinacionales de bienes estratégicos y la injusta distribución de la tierra.
La asociación Cumbre Agraria reitera además su apoyo a los diálogos entre el gobierno y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo como vía para terminar el conflicto interno, pero advirtió que la nación sudamericana necesita una paz con justicia social y ambiental.
Se divulgó que el Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, alcanzó finalmente su propósito: el Consejo de la Capital le aprobó por mayoría la venta de la telefónica ETB, el primer acto de privatización de su administración iniciada en enero último.
El ente legislativo capitalino votó en ese primer debate con 11 concejales favorables a privatizar la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), mientras que cuatro lo hicieron en contra.
La luz verde para la venta se dio en las últimas horas del lunes, en un acto legislativo enmarcado en el artículo 140 del Plan de Desarrollo de la capital colombiana.
La polémica al interior de la sede del Consejo estuvo acompañado en las afueras de la edificación por trabajadores de la compañía, quienes escenificaron fuertes protestas, mientras esperaban la decisión final sobre la entrega de la institución al capital privado.
En medio del rechazo de los empleados, el Secretario de Gobierno de la alcaldía, Miguel Uribe, aseguró que se respetarán todos los derechos constitucionales en los procesos de la venta, los que -dijo- podrían ser demorados.
Como parte de la polémica decisión de la venta de esa entidad pública, se informó que los más de 833 millones de dólares por los que será liquidada ETB serán destinados al financiamiento de programas de salud, transporte y educación.
Uribe declaró que con esa autorización del Consejo dentro del marco constitucional, Peñalosa podrá adelantar los trámites de enajenación.
Horas antes del acto de privatización del Consejo citadino, el burgomaestre bogotano aseguró que ETB ha pasado a ser un socio menor en una industria de telecomunicaciones dominada por una intensa competencia del sector privado, con alta volatilidad tecnológica y economías a una escala muy superior.
Agregó, contrario al parecer de buena parte de la sociedad capitalina, que frente a los cambios tecnológicos, regulatorios y de negocios, la telefónica local ha venido perdiendo clientes y valor por más de una década.
La autorización de la subasta de ETB encuentra diversas críticas en el Congreso de la República, incluidos legisladores del partido de gobierno, como el senador de Efraín Torres, quien criticó este martes la liquidación de la empresa.
En días pasados el Escuadrón Móvil Antidisturbios reprimió fuera de la sede del cabildo capitalino a varios cientos de opositores a la privatización de ETB, que protagonizaron disturbios.