Brasilia, 3 jun (RHC) José Eduardo Cardozo, abogado de la apartada presidenta brasileña Dilma Rousseff, anunció este viernes que interpondrá cuatro recursos ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil por considerar cercenado el derecho a la defensa en el proceso de impeachment.

Explicó el funcionario que la primera de las apelaciones está siendo presentada en este momento y se refiere al acatamiento, por parte del presidente de la Comisión Procesal Ricardo Lira, de una cuestión de orden de la senadora Simone Tebet, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que acorta en 20 días el plazo para alegaciones finales.

Añadió que el segundo recurso deriva de los requerimientos aceptados por el relator del colegiado Antonio Anastasia, los cuales fueron votados en bloque y, además, sin el conocimiento y la manifestación previa de la defensa.

Las otras apelaciones estarán relacionadas, primero, con la suspensión del relator Anastasia, solicitado a la comisión senatorial en la primera fase del proceso por los manifiestos vínculos existentes entre su partido, el de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y los autores de la denuncia contra la mandataria constitucional de Brasil.

Por último, Cardozo requerirá del STF que admita la inclusión de las grabaciones conocidas hace más de una semana, pero realizadas en marzo pasado, en las que el senador Romero Jucá deja ver que la verdadera razón para llevar adelante el impeachment es poner punto final a la operación anticorrupción Lava Jato.

La víspera, en una reunión de la Comisión, Anastasia se negó a incluir los audios como parte de la defensa, por considerarlos "materia extraña" al objeto del proceso de juicio político.

Cardozo afirmó la víspera que el desarrollo de la sesión de trabajo del colegiado corroboraba que hay un golpe de Estado en curso en Brasil.

Dilma Rousseff fue apartada de su cargo por un periodo de hasta 180 días el pasado 12 de mayo, cuando por votación de la mayoría calificada la Cámara alta aprobó someterla a un proceso de juicio político, acusada por presunto crimen de responsabilidad.