Bogotá, 9 jun (RHC) La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al gobierno y a promotores del paro agrario en ese país a restaurar el diálogo en busca de soluciones, ante la protesta que realizan campesinos, indígenas y afrodescendientes desde hace más de 10 días.

A través de un comunicado, lamenta esa entidad del máximo organismo internacional la muerte de tres nativos en el transcurso de las marchas y plantones, por lo cual solicita a las instituciones judiciales esclarecer las circunstancias en que fallecieron los comuneros.

También insta en el texto la Oficina local del Alto Comisionado de la ONU a las autoridades colombianas a promover el respeto y la protección de los derechos humanos en el contexto de la protesta social.

Los sectores indígenas y campesinos de Colombia solicitan que el Ejecutivo de la nación sudamericana cumpla con el financiamiento de proyectos productivos, mediante un fondo convenido previamente, y exigen derogar la ley Zidres, por considerar que despojará de sus terrenos a cultivadores de escasos recursos para otorgárselos a empresarios y multinacionales, entre otras peticiones.

La vocera de las plataformas Congreso de los Pueblos y Cumbre Agraria Marilen Serna, aseguró hoy que los coordinadores del paro campesino están listos para conversar con el Gobierno colombiano y esperan una respuesta positiva al respecto.

La portavoz de esos movimientos explicó que este jueves aguardan por la gestión de un grupo de garantes, encargados de mediar entre ambas partes con el objetivo de hallar una solución a la minga (trabajo conjunto en lenguas aborígenes) nombre con el que identifican la protesta.

Enviamos una propuesta al Ejecutivo para instalar la mesa única de negociación con alcance nacional, estamos listos para dialogar, insistió Serna quien precisó que la movilización abarca 17 regiones y reúne a unas 70 mil personas.

Al referirse al acuerdo para desbloquear la Panamericana, importante vía del suroccidente colombiano, la representante de ambas alianzas aclaró que se trató de un pacto entre delegados gubernamentales y de una organización indígena local, radicada en el departamento de El Cauca.

No han hablado con Congreso de los Pueblos ni con Cumbre Agraria, promotores del paro; esa última convergencia reúne a 13 grupos campesinos, los principales del país, subrayó.

Serna adelantó que tanto la Panamericana, entre Cali y Popayán, como otras carreteras de los llanos orientales, Huila, Nariño, Cesar, Chocó y Santander, permanecerán bloqueadas hasta tanto sea instalado ese espacio global de concertación, cuyo primer punto a discutir será precisamente el despeje de los caminos, dijo.

La gente está muy desconfiada pues en ocasiones anteriores abrimos las rutas y después el Gobierno reprimió la demostración y no negoció, así que pese al compromiso de ese colectivo en Cauca, otros manifestantes estarán apostados en el corredor vial y comercial entre ese departamento y Cali (Valle del Cauca), comentó.

Iniciado el pasado 30 de mayo el paro tiene como antecedente otros similares organizados en 2013 y 2014.

Labriegos, miembros de grupos nativos y de asentamientos afrocolombianos piden a la actual administración que honre compromisos como el impulso de programas productivos mediante un fondo de financiamiento convenido previamente y la derogación de la Ley Zidres, por considerar que despojará de sus terrenos a cultivadores de escasos recursos.

Asimismo llaman a revisar los Tratados de Libre Comercio rubricados con varias naciones, a los que responsabilizan con la quiebra de pequeños productores, también a frenar proyectos mineros por sus riesgos para el medio ambiente y las comunidades, las cuales estarían obligadas a desplazarse hacia otros lugares.