La Habana, 28 abr (RHC) Con el fin de contrarrestar los daños que pudieran ocurrir en nuestro país a causa del cambio climático en los próximos años, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Estado para el enfrentamiento a este fenómeno, que según  aseguró Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, «viene agravando y agravará los problemas ambientales, convirtiéndose en un factor determinante del desarrollo sostenible».

Este Plan tiene como antecedentes las investigaciones que acerca del cambio climatico inició la Academia de Ciencias de Cuba en 1991 y que se intensificaron a partir de noviembre del 2004, luego de un exhaustivo análisis y debate sobre los impactos negativos causados por los huracanes Charley e Iván en el occidente del país, apunta el diario Granma.

Desde entonces se iniciaron los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo territoriales para la reducción de desastres.

En el año 2007 se incrementaron las investigaciones científico-tecnológicas que permitieron comenzar la conformación del Macroproyecto sobre peligros y vulnerabilidad costeras para los años 2050-2100, dirigido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y con la participación de 16 instituciones de cinco organismos de la Administración Central del Estado. El 25 de febrero del 2011, este Macroproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros.

Más recientemente, en el año 2015, bajo la coordinación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, se comenzó un proceso de actualización de los documentos ya aprobados por el Consejo de Ministros para el enfrentamiento al cambio climático.

El documento aprobado por el Consejo de Ministros, conocido también como Tarea Vida, tiene un alcance y jerarquía superiores a los anteriormente elaborados referidos al tema. Su implementación requerirá de un programa de inversiones progresivas que se irán ejecutando a corto (año 2020), mediano (2030), largo (2050) y muy largo (2100) plazos.

Señaló Pérez Montoya que se han identificado áreas priorizadas teniendo en cuenta la preservación de la vida de las personas en los lugares más vulnerables, la seguridad alimentaria y el desarrollo del turismo. Entre ellas se encuentran el sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque; el litoral norte de La Habana y su bahía; la Zona Especial de Desarrollo de Mariel; Varadero y sus corredores turísticos; los cayos de Villa Clara y del norte de Ciego de Ávila y Camagüey; el litoral norte de Holguín; la ciudad de Santiago de Cuba y su bahía; así como los territorios amenazados por la elevación del nivel medio del mar en Cienfuegos, Manzanillo, Moa, Niquero y Baracoa.

Datos avalados por estudios científicos ratifican que hoy el clima de la Isla es cada vez más cálido y extremo; se ha observado gran variabilidad en la actividad ciclónica —desde el 2001 hasta la fecha hemos sido afectados por nueve huracanes intensos, hecho sin precedentes en la historia; además, el régimen de lluvias ha cambiado, incrementándose significativamente desde 1960 la frecuencia y extensión de las sequías; y se estima que el nivel del mar ha subido de forma acelerada en los últimos cinco años.

Las inundaciones costeras ocasionadas por la sobreelevación del mar y el oleaje, producidos por huracanes, frentes fríos y otros eventos meteorológicos extremos, representan el mayor peligro debido a las afectaciones que ocasionan sobre el patrimonio natural y el construido.

Se ha evaluado el daño acumulado en los principales elementos de protección costera como las playas arenosas, los humedales —bosques, herbazales de ciénaga y manglares— y las crestas de arrecifes de coral, que de modo integrado amortiguan el impacto del oleaje provocado por fenómenos naturales.

La Tarea Vida contempla un conjunto de acciones dirigidas a contrarrestar las afectaciones en las zonas vulnerables, tales como no permitir construcciones de nuevas viviendas en los asentamientos costeros y reducir las áreas de cultivo próximas a las costas o dañadas por la intrusión marina a los acuíferos subterráneos.

Asimismo, contiene 11 tareas, entre las cuales figuran asegurar la disponibilidad y el uso eficiente del agua como parte del enfrentamiento a la sequía; dirigir la reforestación hacia la máxima protección de los suelos y las aguas; detener el deterioro de los arrecifes de coral, rehabilitarlos y conservarlos; así como implementar otras medidas en programas, planes y proyectos vinculados a la energía renovable, la eficiencia energética, la seguridad alimentaria, la salud y el turismo.

El Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente es el encargado de implementar y controlar las tareas del Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático. A la par, se consideró que en este empeño resultan decisivas las acciones encaminadas a que la población aumente la percepción del riesgo, sus conocimientos sobre el tema y la participación en el enfrentamiento al fenómeno.

Por la importancia de este asunto se decidió presentarlo a una próxima sesión de la Asamblea Nacional.

Tras una breve valoración del comportamiento del Plan de la Economía durante el primer trimestre del presente año, el ministro de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas Ruiz, expuso la propuesta de directivas para la elaboración del Plan de la Economía y del Presupuesto del Estado del año 2018, en la cual se tuvo en cuenta consolidar y garantizar la continuidad y sostenibilidad de lo aprobado en el Plan 2017.

Refirió que se priorizarán el «respaldo de niveles productivos e inversiones asociadas a las exportaciones, sustitución de importaciones, programas de desarrollo e infraestructuras y las demandas del turismo; la producción e importación de alimentos; el aumento de la producción de materiales de la construcción e insumos agrícolas; y el aseguramiento de las actividades de educación, salud, servicios básicos a la población».

El Ministro de Economía recalcó la necesidad de que la elaboración del Plan 2018 se distinga por la búsqueda de soluciones coherentes y sostenibles, con el propósito de conformar un plan que asegure el crecimiento, el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, la continuidad de los programas de desarrollo fundamentales y un ligero avance en el proceso de transformación de la estructura económica del país.

En tal sentido, la premisa esencial está en la capacidad de cumplir los compromisos productivos y de servicios, con el ahorro eficiente y reajuste de los indicadores de gastos en niveles inferiores al Plan 2017.

Por último, se reiteró que la conformación del Plan debe hacerse con objetividad, ajustándose a los recursos con que cuenta el país.

Como periódicamente se hace, la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza Rodríguez, presentó un informe sobre el comportamiento de las cuentas por pagar y por cobrar vencidas con cierre del año 2016, así como el correspondiente análisis de la evolución y tendencias de los impagos por organismos.

Precisó que se mantiene alta la concentración de deudas vencidas entre entidades del mismo sector de la economía, con las consecuentes cadenas de impagos, lo cual constituye un reflejo de los incumplimientos de los contratos económicos y la falta de liquidez de algunas empresas.

Los miembros del Consejo de Ministros aprobaron la propuesta presentada por Margarita González Fernández, titular de Trabajo y Seguridad Social, referida a la asignación de graduados de nivel superior formados en los centros adscriptos al Ministerio de Educación Superior en el curso diurno 2016-2017.

Para su elaboración –explicó– se tomaron como referencia las demandas presentadas por los organismos de la Administración Central del Estado, los consejos de la Administración Provincial y los resultados de los balances territoriales de fuerza de trabajo calificada para el periodo 2017-2021.

A partir del debate generado a causa de la demanda aún insatisfecha de graduados de nivel superior, se determinó realizar un nuevo análisis en cada uno de los organismos para determinar las necesidades reales de esta fuerza de trabajo calificada.

El tema de las afectaciones económicas ocasionadas al país por irregularidades en operaciones del comercio exterior volvió a la agenda de la reunión del Consejo de Ministros, esta vez con los problemas reportados o identificados durante el año 2016.

Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, presentó varios ejemplos de afectaciones provocadas a raíz de demoras en las reclamaciones realizadas por faltantes en las cargas que llegan al país, incumplimientos de los parámetros de calidad y problemas en contratos suscritos en operaciones de importación y exportación.

Sobre los daños relacionados con la transportación interna y los puertos, refirió que continúan las afectaciones provocadas por la estadía de los contenedores en puerto y la demora en la descarga de los buques.

Ratificó la importancia de continuar desarrollando acciones para aumentar la preparación del personal que interviene en estas operaciones e incrementar el control del cumplimiento de las normas vigentes.

En tal sentido se puntualizó que ante este tipo de problemas hay que ir a las causas que los originan, para lo cual urge perfeccionar los métodos de trabajo.

Gladys Bejerano Portela, contralora general, presentó una síntesis de los resultados obtenidos durante la XI Comprobación Nacional al Sistema de Control Interno, realizada en los últimos meses del 2016, donde se evaluó la implementación, desarrollo e impacto de la descentralización de facultades aprobadas para el sector empresarial y el funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias.

Manifestó que se avanza discretamente en la descentralización de facultades. «Las entidades seleccionadas del sistema empresarial cumplen en sentido general con las indicaciones metodológicas del Ministerio de Economía y Planificación para la elaboración y desagregación del Plan 2016, aunque se identificaron deficiencias propiciadas por inobservancias de las disposiciones jurídicas relativas a este proceso».

Señaló, además, que en algunos casos se constató desconocimiento de la legislación vigente sobre los sistemas de pagos, por lo cual se requiere continuar insistiendo en la capacitación de directivos y trabajadores.

Informó que se constataron incumplimientos de indicadores directivos; violaciones en el control administrativo y contable; y elevados volúmenes de inventarios ociosos y de lento movimiento, como consecuencia de ineficiencias en su gestión.

Al referirse al funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias, la Contralora destacó que los resultados de las acciones de control demuestran la necesidad de actualizar la legislación, en correspondencia con la experiencia práctica que se ha ido obteniendo.

En la reunión del máximo órgano de Gobierno se conocieron también los resultados del plan integral de enfrentamiento a las ilegalidades en el ordenamiento territorial y urbano durante el pasado año, periodo en el cual se aprecia de manera general un discreto avance.

Según informó Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Planificación Física, se constatan resultados superiores a los de años precedentes y significó los logros en el ordenamiento de las playas.

No obstante, resultan insuficientes las acciones sobre las ilegalidades acumuladas desde años anteriores, para lo cual es determinante una mayor exigencia y sistematicidad de los gobiernos, organismos de la Administración Central del Estado y órganos superiores de Dirección Empresarial para eliminarlos.

Al mismo tiempo, es baja la imposición de multas y existe morosidad en ejecutar las demoliciones aprobadas por los consejos de la Administración Municipal.

Señaló Rodiles Planas que se requiere sumar completamente al pueblo y a las organizaciones de masas y sociales en la batalla por el orden y la disciplina.

Al conocerse que dentro de las nuevas violaciones cometidas en materia urbanística algunas corresponden a instituciones estatales, se enfatizó en que el Estado tiene que dar el ejemplo en esta batalla para poder exigirle luego a la población.